Cómo Israel se vio envuelto en su debate público más divisivo en años, qué harían las reformas y por qué algunos se oponen a ellas.
por David Rosenberg
De la noche a la mañana, la Knesset votó para seguir adelante con la Cláusula de Anulación, aprobando el proyecto de ley con una mayoría de 61 a 52 en su primera lectura.
La cláusula, quizás la parte más polémica del controvertido plan de reforma judicial del gobierno israelí, facultaría a la Knesset, con una mayoría de 61 votos, a vetar los fallos de la Corte Suprema que anulan las leyes de la Knesset.
También consagraría efectivamente el derecho de la Corte Suprema a la revisión judicial en la ley israelí por primera vez en la historia, un hecho que los opositores a la reforma ignoran con demasiada frecuencia.
Derecho Constitucional en Israel
Cuando Israel declaró su independencia en mayo de 1948, la Declaración pedía la convención de una asamblea constituyente para redactar una constitución, que se completaría a más tardar el 1 de octubre de ese año.
Sin embargo, como suele suceder, la realidad intervino, en forma de una invasión árabe masiva, retrasando no solo la redacción de la constitución, sino también la elección de la asamblea constituyente.
Las elecciones no se llevaron a cabo hasta fines de enero de 1949, lo que resultó en la formación de la asamblea constituyente, más tarde denominada Primera Knesset.
Habiendo incumplido la fecha límite original de octubre de 1948, la Knesset luchó por llegar a un acuerdo sobre la aprobación de una constitución, con legisladores religiosos y seculares parcos en cuestiones de religión y estado, y el entonces primer ministro David Ben Gurion se opuso a la ratificación de cualquier documento que él sintió que distraería la atención de los problemas muy inmediatos y concretos que enfrenta el joven estado.
Para 1950, se hizo evidente que no se podía llegar a un acuerdo en el período de la primera Knesset para una constitución integral, lo que condujo a la Resolución Harari.
Redactada por Yizhar Harari y aprobada por la Knesset, la resolución encomendó al Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset la elaboración de una constitución, indicándole que lo hiciera poco a poco, con Leyes Básicas individuales, que algún día serían ratificadas juntas como la constitución de Israel. .
La Primera Knesset instruye al Comité de Constitución, Ley y Justicia para que prepare un proyecto de Constitución del Estado. La constitución se construirá capítulo por capítulo, de tal forma que cada uno constituirá una Ley Fundamental separada. Los capítulos se presentarán a la Knesset cuando el comité complete su trabajo, y todos los capítulos juntos formarán la Constitución del Estado.
En las décadas transcurridas desde la aprobación de la resolución, la Knesset ha aprobado 13 Leyes Básicas separadas, enmendando las leyes en numerosas ocasiones, la última enmienda realizada en el período previo a la formación del nuevo gobierno en diciembre pasado.
La revolución constitucional
Durante los siguientes 45 años, el poder judicial israelí no interpretó las Leyes Básicas individuales como una constitución de facto, y asumió solo una revisión judicial sustantiva muy limitada, definida en dos casos históricos en 1969 y 1974.
En el primero, el Tribunal Supremo derogó una norma que limitaba la financiación estatal de las campañas electorales de los partidos políticos. En su decisión en el caso de Aharon A. Bergman contra el Ministro de Finanzas, el tribunal dictaminó que desde la Ley Básica: la cuarta sección del Knesset requería una mayoría absoluta de 61 ministros para enmendar (en lugar de una mayoría simple de los ministros votando) , esa parte de la Ley Básica está arraigada en el derecho constitucional.
En un fallo de seguimiento del caso del Negev de 1974, el tribunal aclaró que no tiene derecho a revisión judicial sobre la base de otras Leyes Básicas no arraigadas.
Sin embargo, eso cambió con la revolución constitucional de Israel en la década de 1990, cuando la Corte Suprema asumió amplios poderes de revisión judicial, junto con un uso masivamente ampliado del estándar de razonabilidad para anular decisiones y nombramientos administrativos.
Aharon Barak, entonces juez asociado de la Corte Suprema, afirmó que la aprobación en 1992 de dos nuevas Leyes Básicas – Ley Básica: Libertad de Ocupación y Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad – estableció amplios poderes de revisión judicial para el tribunal superior.
Si bien ninguna de las leyes se aprobó con una mayoría de 61 escaños, la primera incluía una cláusula que solo podía modificarse con una mayoría de 61 escaños.
La Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad no presentaba un umbral de votación para la modificación, pero incluía una cláusula que limitaba la aprobación de leyes que violaran la nueva Ley Básica a “una ley acorde con los valores del Estado de Israel, promulgada con un propósito apropiado y para una extensión no mayor a la requerida.”
En 1995, el tribunal dio su primer paso concreto al afirmar su propio derecho a una revisión judicial integral con Bank Mizrahi v. Migdal Cooperative Village, dictaminando que un Knesset individual puede obligar a futuros Knesset, limitando la soberanía de cualquier Knesset como asamblea constituyente de Israel.
A partir de 1997, la Corte Suprema aprovechó su recién declarado derecho a la revisión judicial y anuló 20 leyes aprobadas por la Knesset.
Usado solo dos veces en la década de 1990, la revisión judicial se usó con más frecuencia en los años posteriores, y el tribunal anuló cuatro leyes en la década de 2000 y 12 en la década de 2010. El tribunal también anuló dos leyes en 2020.
El impulso de la reforma judicial
La rápida expansión del activismo judicial en las últimas dos décadas provocó una reacción violenta, particularmente en la derecha, no solo contra el uso de la revisión judicial por parte de la corte, sino contra toda una serie de cuestiones de larga data, incluida la composición de la corte y el papel los jueces juegan al nombrar a sus propios sucesores.
Los jueces israelíes son designados por un comité de nueve miembros, que incluye dos ministros, dos miembros de la Knesset (tradicionalmente uno de los cuales proviene de la Coalición y el otro de la Oposición), dos miembros del Colegio de Abogados de Israel y tres jueces de la Corte Suprema.
Eso ha dado a los cinco funcionarios no electos del comité un veto de facto sobre los nombramientos judiciales, aunque una reforma de 2008 amplió un poco la influencia del gobierno, requiriendo una gran mayoría de siete votos para confirmar a los nominados.
Durante las últimas dos décadas, la fe en la Corte Suprema ha disminuido significativamente, y la mayoría de los israelíes cree que los jueces de la corte están fuertemente influenciados por sus propias opiniones políticas.
Una encuesta del Instituto de Democracia de Israel de 2019 encontró que el 59% de los encuestados, incluidos árabes y judíos, dicen que las decisiones profesionales de los jueces están fuertemente influenciadas o significativamente influenciadas por sus opiniones políticas personales, en comparación con solo el 32% que dice que sus fallos no están influenciados. en absoluto por sus puntos de vista, o solo están algo influenciados.
La disminución de la confianza tampoco se ha limitado al tribunal superior.
Una encuesta de 2021 realizada por la Universidad de Haifa encontró disminuciones significativas en la confianza general para el poder judicial de Israel.
Los israelíes dieron al poder judicial un puntaje promedio de 3,25 en una escala de 1 a 5 en 2016, pero esa cifra cayó a 2,67 en 2020. La confianza en la Corte Suprema cayó de 3,18 en 2016 a 2,74; el nivel promedio de confianza en el Fiscal General cayó de 3.05 a 2.53; y la confianza en el fiscal del estado cayó de un promedio de 3.11 a 2.5.
Si bien el tema de la reforma judicial se ha considerado durante mucho tiempo, el impulso para una revisión integral ha cobrado impulso luego de una serie de decisiones importantes de la Corte Suprema que enfurecieron a los principales electorados de la derecha.
El tribunal, en particular, ha provocado la ira de los votantes ultraortodoxos, en parte debido a que anuló dos leyes separadas, en 2012 y 2017, que protegían los aplazamientos del servicio militar obligatorio para los estudiantes de yeshivá.
Una letanía de fallos que confirman las órdenes de demolición de las comunidades israelíes en Judea y Samaria han tenido un impacto similar en el apoyo a la reforma judicial entre el público sionista religioso, al igual que las decisiones que derogaron una ley en 2002 que normalizaba las transmisiones de radio de Arutz Sheva, y el fallo de 2020 que golpeaba redactar una ley para legalizar las ciudades israelíes no reguladas en Judea y Samaria.
Sentencias sobre cuestiones sociales, incluida la ampliación del reconocimiento de los movimientos conservadores y de reforma en Israel, en particular con respecto a las conversiones realizadas por los dos grupos, solo han fortalecido el apoyo entre los legisladores sionistas religiosos y haredi para la reforma judicial.
No es sorprendente que el apoyo al activismo judicial de la Corte Suprema esté fuertemente correlacionado negativamente con la observancia religiosa.
Según el Voice Index de diciembre de 2022 del Instituto de Democracia de Israel, solo el 15% de los encuestados haredi cree que la Corte Suprema debería tener el poder de revisión judicial, en comparación con el 27,5% de los sionistas religiosos y el 35% de los judíos religiosos tradicionales.
Entre los judíos tradicionales que no se clasifican a sí mismos como religiosos, el 56 % apoya el derecho de los tribunales a la revisión judicial, al igual que el 76 % de los judíos seculares.
Una nueva encuesta publicada por Radio Kol Hai el martes por la mañana encontró niveles aún más altos de apoyo al plan de reforma judicial del gobierno, con el 90% de los encuestados respaldando la reforma y el 86% diciendo que se opone a cualquier intento de llegar a un acuerdo de compromiso con la Oposición.
Lo que haría el Plan de Reforma Judicial
El plan de reforma judicial del gobierno ha evolucionado un poco desde que lo anunció por primera vez el ministro de Justicia Yariv Levin (Likud) en enero, con modificaciones a los dos proyectos de ley presentados por Levin, y un proyecto de ley paralelo redactado por el presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia, Simcha Rothman ( Partido Sionista Religioso).
El esquema básico del plan se ha mantenido prácticamente intacto, a pesar de la suavización de ciertas cláusulas, con cinco áreas básicas a abordar:
- Aumentar la influencia del gobierno en el comité de selección judicial aumentando drásticamente el número de miembros designados por el gobierno.
- Elevar el umbral para que la corte anule las leyes de la Knesset y prohibir por completo que la corte derogue las Leyes Básicas o sus enmiendas. Se requeriría que todo el tribunal interviniera en una ley para anularla, y se requeriría que una gran mayoría de jueces estuviera de acuerdo con el fallo para anular la ley. El tamaño exacto de esa supermayoría se modificó desde la redacción original del proyecto de ley, se redujo del 100% al 80%, con discusiones para una reducción adicional.
- Ofrecer una ‘Cláusula de anulación’ para permitir que la Knesset anule los fallos de la Corte Suprema que anulan las leyes de la Knesset.
- Otorgar a los ministerios gubernamentales independencia del Ministerio de Justicia, otorgando a cada ministerio el poder de contratar y despedir a sus propios asesores legales, cuyas opiniones ya no serían legalmente vinculantes.
- Terminar o limitar significativamente el uso del estándar de razonabilidad por parte de los tribunales para anular decisiones y nombramientos administrativos. Si bien la versión de Levin del plan de reforma prohibiría el uso del estándar para revocar cualquier decisión, el proyecto de ley de Rothman permite que los tribunales anulen las decisiones de los burócratas no elegidos, pero no las de los funcionarios gubernamentales electos.
Argumentos a favor y en contra
Tal vez el elemento más controvertido del plan, la Cláusula de anulación limitaría el derecho de la Corte Suprema a la revisión judicial y, al mismo tiempo, lo consagraría en el código legal de Israel.
Junto con la cláusula que define las condiciones bajo las cuales el tribunal puede revocar las leyes del Knesset, la Cláusula de Anulación marca el primer reconocimiento por parte del Knesset del derecho del tribunal a anular leyes, en sí misma una aceptación tácita del estatus constitucional de las Leyes Básicas del país.
Eso ha llevado a algunos juristas que critican el uso de la revisión judicial por parte de los tribunales, incluido Yoram Sheftel, a oponerse a la Cláusula de Anulación como una concesión de facto al campo de los activistas judiciales.
La crítica más común de la cláusula, sin embargo, es que efectivamente terminaría con la revisión judicial por completo, permitiendo que cualquier gobierno con una función mayoritaria anule la decisión del tribunal a voluntad. Algunos opositores al plan del gobierno argumentan que se debe establecer un umbral más alto para anular los fallos de la Corte Suprema.
Todavía otros argumentan que dadas las otras reformas planeadas, incluyendo los límites a la Corte Suprema para derogar leyes en primer lugar, la Cláusula de Anulación es completamente innecesaria.
Los partidarios dicen que la cláusula aborda claramente los dos puntos clave citados por Aharon Barak para justificar el uso de la Ley Básica: Libertad de Ocupación y la Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad para reclamar el derecho a revisión judicial, cláusulas que requieren una mayoría de 61 votos en la Knesset para enmendar, y requiriendo la acción deliberada de la Knesset «para un propósito apropiado».
Un voto por mayoría absoluta en la Knesset para reafirmar un proyecto de ley anulado por la corte defendería ambos principios, dicen los defensores, restaurando el equilibrio de poderes entre el poder judicial, legislativo y ejecutivo.
Fuente: ArutzSheva- Traducido por UnidosxIsrael
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