El Comité Ministerial de Legislación aprobó por unanimidad un proyecto de ley que requiere que las organizaciones no gubernamentales declaren el financiamiento de países extranjeros y tomen nota de este hecho en todos los documentos oficiales a los funcionarios públicos.
También se requerirá a los representantes de dichas organizaciones no gubernamentales llevar un distintivo de identificación cada vez que asistan a sesiones en la Knéset para reflejar la financiación exterior de su grupo, en el caso de no hacerlo, deberán enfrentar una multa de 29.000 shekels (7.500 dólares).
Ahora que la legislación ha pasado el comité ministerial, será enviada a la Knéset para una votación preliminar. Se espera que la próxima votación sea más difícil, sin embargo, ya que la coalición gobernante tiene una ventaja de apenas dos asientos en la Knéset y algunos diputados ya han declarado que no van a apoyarla en su forma actual.
El diputado Michael Oren (Kulanu) declaró su oposición al proyecto de ley, diciendo en un comunicado que «como alguien que ha trabajado toda su vida para mejorar las relaciones exteriores del Estado de Israel, mi conciencia no me permite votar por el proyecto de ley de ONG como se formula en la actualidad. Como miembro del Comité de la Constitución Ley y Justicia de la Knéset, ejerceré todas mis fuerzas parlamentarias para que lo cambien».
El proyecto de ley de ONG también ha enfrentado críticas duras de la Unión Europea y los gobiernos europeos. La radio del Ejército informó que el embajador de la Unión Europea en Israel Lars Faaborg-Andersen atacó el proyecto de ley en una reunión con la ministra de Justicia Ayelet Shaked hace varias semanas, diciendo que está «destinada expresamente para dañar a las organizaciones que critican la política del gobierno. Tendrá un impacto negativo en la imagen de Israel y su posición en Europa como sociedad abierta y democrática».
Sentimientos similares se expresaron recientemente por el gobierno alemán, según un informe de Der Spiegel.
Casi todos los grupos que se verán afectados por el proyecto de ley se identifican con la izquierda política, cuyas ONG reciben fondos de gobiernos extranjeros, mientras que las ONG de la derecha política son financiadas principalmente por donantes privados, que no están sujetos al control de la factura. Los proponentes del proyecto de ley afirman que la financiación de las ONG por los gobiernos, principalmente europeos equivale a una injerencia en los asuntos internos de Israel y promueve los intereses extranjeros con el pretexto de la defensa de los derechos humanos.
«La interferencia flagrante de los gobiernos extranjeros en los asuntos internos del Estado de Israel con el dinero es un fenómeno sin precedentes, viola todas las reglas y normas en las relaciones entre los países democráticos. El apoyo financiero de los países extranjeros a las ONG que actúan en el ámbito interno de Israel desestabiliza la soberanía del Estado de Israel y pone en duda la autoridad del gobierno que fue elegido por el público», dijo Shaked, una de las principales defensoras del proyecto de ley.
Como ejemplo, dijo que todos los israelíes «vieron cómo el falso informe de la comisión de la ONU de investigación sobre crímenes de guerra durante la Operación Margen Protector, en el que se equiparó a Israel con Hamás, se basó en el testimonio de las ONG israelíes B’Tselem, Rompiendo el Silencio y Adalah».
B’Tselem y Adalah son dos organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos de los palestinos; Rompiendo el Silencio es una organización que recoge testimonios de presuntos abusos de soldados de las FDI.
«El gobierno está tratando de ocultar el problema de la ocupación, y está culpando a los que se oponen a ella – las organizaciones de derechos humanos», dijo el director de B’Tselem Hagai El-Ad.
«Si la ministra de Justicia y el primer ministro tienen tanto miedo de la injerencia extranjera en la política israelí, primero deben devolver los millones que recibieron para sus campañas de magnates extranjeros, como Sheldon Adelson», añadió Sarit Michaeli, de B’Tselem.
Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, ha dicho que la financiación de fuentes extranjeras de grupos de derechos humanos es «aceptable e incluso necesaria en los regímenes en los que existe un grave problema de violaciones de derechos humanos.»
Fuente: Aurora