«Este caso histórico expone una conspiración y una campaña planificada impactante y de varias capas destinadas a manipular al público», dijo Adv. Yifa Segal del Foro Jurídico Internacional.
Una nueva demanda de 90 millones de dólares presentada por Estados Unidos acusó a un grupo palestino de derechos humanos de financiar cientos de actos de terrorismo ambiental a lo largo de la frontera sur de Israel con Gaza.
La demanda, presentada a la medianoche hora de Israel el miércoles, expone una supuesta conspiración entre la Campaña por los Derechos de los Palestinos (USCPR, también conocida como Educación para una Paz Justa en el Medio Oriente) y Hamas, la Jihad Islámica Palestina, el Frente Popular para Liberación de Palestina y otras organizaciones terroristas designadas.
«Este caso histórico expone una conspiración y una campaña planificadas impactantes y de varias capas destinadas a manipular al público», dijo Adv. Yifa Segal del Foro Jurídico Internacional.
Su grupo desarrolló la base probatoria para el litigio, presentado en un tribunal federal en Washington por el Fondo Nacional Judío Keren Kayemeth LeIsrael (KKL-JNF) y 12 ciudadanos estadounidenses que viven en Israel.
Busca responsabilizar a la USCPR 501 (c) 3 con sede en Estados Unidos por conspirar para proporcionar ayuda financiera que apoyó una ola masiva de globos incendiarios lanzados por palestinos desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, provocando cientos de incendios en toda el área y causando daños físicos y daño mental a los residentes locales.
“No puede ser que Hamas mantenga su agresión hacia Israel sin que quienes brindan apoyo material a Hamas sean responsables de pagar sus violentos actos de terror; no solo por atacar a los ciudadanos israelíes, sino también por cometer un terrible terror ambiental contra la naturaleza y la vida silvestre de Israel, devastada por estos incendios «, dijo el presidente mundial de KKL-JNF, Daniel Atar. «El mundo entero está preocupado por el medio ambiente, tratando de plantar más y más árboles, y estos terroristas los están destruyendo con sus cometas».
Según KKL-JNF, cerca de 2,200 incendios destruyeron más de 14,200 hectáreas (35,000 acres) de tierras agrícolas, reservas naturales y bosques, incluidos los bosques JNF, y dañaron la vida animal local. El valor estimado de esta destrucción es un mínimo de $ 50 millones, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El objetivo de la demanda es cerrar el USCPR para que ya no pueda recaudar fondos en nombre de estas organizaciones terroristas y recibir una compensación por la tierra y las personas perjudicadas en los ataques.
Segal también señaló que, además del caso civil, el equipo está trabajando con las autoridades de Israel y Estados Unidos para iniciar una investigación formal sobre el Comité Nacional de BDS (BNC) y organizaciones relacionadas. También están presionando para que el BNC sea designado como una entidad terrorista.
La demanda explica que el BNC, una coalición palestina liderada por organizaciones terroristas designadas, ha estado utilizando la USCPR para canalizar donaciones deducibles de impuestos bajo el paraguas de la campaña de movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Los demandantes están representados por ILF y Heideman Nudelman & Kalik PC, con sede en Washington. ILF es un brazo legal internacional que lucha contra el terror, el antisemitismo y la deslegitimación de Israel. Tiene una red de más de 3,000 abogados en 32 países.
Una serie de informes del Ministerio de Asuntos Estratégicos ha demostrado que, durante años, los promotores del boicot se han disfrazado de activistas de derechos humanos y han logrado recaudar decenas de millones de dólares y euros de países y ciudadanos occidentales que pensaban que estaban contribuyendo a causas de apoyo a la justicia y la justicia. igualdad.
En junio, el ministerio anunció que había ayudado a cerrar unas 30 cuentas financieras asociadas con ONG promotoras de BDS, incluida una que pertenece a BNC y que es donada por Donorbox.
La plataforma de recaudación de fondos fue abordada por el Centro de Leyes de Israel, Shurat Hadin, que utilizó la información del ministerio, como que el Secretario del BNC, Salah Khawaja, estuvo un año en una prisión israelí debido al contacto con una entidad hostil, para acercarse a Donorbox y solicitar que cierra la cuenta de la organización. El cierre de la cuenta está «evitando que la organización recaude dinero mediante el uso de una importante tubería financiera», explica el informe del ministerio.
«BNC ha descrito a la USCPR como su aliado estratégico y socio más importante en los Estados Unidos», según la evidencia.
USCPR no respondió a llamadas y correos electrónicos para hacer comentarios.
Segal admitió que el litigio puede llevar algunos años y que es probable que la USCPR presente una moción para desestimar el caso en las próximas semanas o meses. Sin embargo, dijo que confía en que el equipo tendrá éxito.
«Tenemos cajas de evidencia para probar nuestro caso y estamos muy seguros de esto», dijo a The Jerusalem Post. «El público, así como los tomadores de decisiones en todo el mundo, tienen derecho a la verdad y deben ser conscientes de la verdadera identidad y agenda de quienes están detrás de estos esfuerzos».
«Durante demasiado tiempo, el pueblo del sur de Israel ha sido traumatizado por los continuos ataques terroristas que buscan destruir tanto su forma de vida como los bosques y el medio ambiente circundantes», dijo Richard D. Heideman, abogado principal de Heideman.
“El flujo de dinero es combustible para el terror. Es esencial tomar medidas contra los grupos estadounidenses que son socios cómplices en la financiación del terrorismo que ayudan a las organizaciones terroristas extranjeras a librar sin descanso una campaña de terror multifacética contra los ciudadanos y las tierras del Estado soberano de Israel «.
Fuente: JPost- Traducido por UnidosxIsrael
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