El presidente Milei dio un importante paso al reconocer a Hezbola y Hamas como organizaciones promotoras del terrorismo.
Por Agustín Romero
En 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cumplía sus primeros 100 años de vida. En ese contexto la comunidad judía organizaba los festejos a través de diferentes actividades para conmemorar el cumplimiento de los objetivos que sus líderes se habían fijado un siglo atrás: permitir el entierro de sus miembros de acuerdo a las leyes de la Torá; pensar los mecanismos adecuados para perpetuar la cultura que traían desde la Europa asolada por persecuciones y pogromos; edificar las bases para asegurar la educación de las futuras generaciones, entre los más importantes.
Desde el 18 de julio de ese año el terrorismo buscó justamente dañar lo que la AMIA representaba simbólicamente para nuestra la sociedad: el mejor ejemplo de integración de un colectivo con distintos sectores económicos, culturales y sociales argentinos.
El acto de terror dejó un saldo de 85 personas asesinadas, cientos de heridos y la destrucción total del inmueble significó para parte de la sociedad argentina un problema con el cual no querían convivir. Tan fuerte era ese sentimiento que en esos días la dirigencia comunitaria no hallaba un lugar para edificar la nueva sede ya que los vecinos no querían tener cerca un edificio que pudiera ser blanco de otro hecho de terror. Esto llevó a la necesidad de reconstruir literalmente sobre los escombros.
En la crisis de 2001 la AMIA tuvo un rol social destacado ayudando a miles de familias a enfrentar problemas de vivienda, trabajo, económicos y de contención sin preguntar a qué religión pertenecían.
En ese sentido la institución creó una bolsa de trabajo donde en una primera instancia cientos personas de la comunidad judía acudían para capacitarse y reincorporarse al mercado laboral. Pero tan exitoso fue el programa que rápidamente distintos gobiernos nacionales y provinciales lo reconocieron y se asociaron ya que la red AMIA abarcaba casi la totalidad del territorio nacional.
Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo financió para mejorar la profesionalización y servir mejor a los intereses para los que fue ideado.
30 años después la AMIA sigue siendo la referencia en Argentina sobre el tema terrorismo. Desde allí surgen propuestas, iniciativas, campañas de concientización sobre este fenómeno internacional. Desafortunadamente es esta institución la que debe también organizar y convocar al acto central todos los 18 de julio.
Responsabilidad que debiera ser del estado argentino y no de quien fue víctima. Aquí se trasfiguraron los roles: quien debe organizar el acto (estado nacional) acompaña y quien debe acompañar (AMIA) organiza. Es hora que cada uno ocupe el rol que le corresponde y que sea el Presidente de la Nación quien encabece el acto central. No corresponde que la AMIA “invite” al Presidente todos los años y que su presencia quede sujeta a los vaivenes de la política nacional o a la agenda coyuntural.
La presencia del terrorismo islámico volvió a cernirse sobre los argentinos por tercera vez cuando el pasado 7 de octubre la organización Hamas atacó Israel, mató y secuestro a miles de personas entre ellos cientos de argentinos.
Desde entonces fueron pocas las acciones organizadas desde el estado nacional tendientes a liberar a los connacionales que aún quedan como rehenes. Fue también la AMIA quien se puso al hombro las distintas iniciativas que buscaron visibilizar el problema.
A pesar de que Hamas no figura en el listado elaborado por la ONU de grupos terroristas el presidente Milei dio el primer paso en reconocer a esa organización como promotora de terror y la colocó junto a Hezbollah en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo que tiene nuestro país desde 2019 a través de un decreto presidencial que nunca fue cuestionado en el Congreso de la Nación y aún sigue vigente.
El segundo paso que debe dar el gobierno nacional es ayudar a generar conciencia en foros regionales sobre el peligro del fenómeno del terrorismo a través de las trágicas vivencias sufridas en nuestro país, los relatos de los sobrevivientes y alertando que no existen estados exentos de sufrir sus consecuencias ya sea a través financiamiento y también del lavado de activos.
Agustín Romero es Doctor en Ciencia Política y director del posgrado en Asuntos Argentinos facultad de Derecho UBA
Fuente: Clarin
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