El proyecto de ley, aprobado por 67 votos a favor y 1 en contra tras 18 horas de debate, reestructura el Comité de Selección Judicial, reduciendo la influencia de los jueces en ejercicio y aumentando el control político sobre los nombramientos.
La Knesset aprobó el jueves por la mañana una polémica ley para cambiar la composición del comité que selecciona a los jueces del país, un componente central del plan de reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu que ha provocado protestas masivas en los últimos dos años.
El proyecto de ley pasó su tercera y última lectura en la Knéset con 67 votos a favor y uno en contra. La oposición boicoteó la votación en protesta. El único voto en contra provino de Mickey Levy, diputado del partido centrista Yesh Atid, quien posteriormente declaró haber votado en contra por error.
La votación se produjo tras un debate de 18 horas que comenzó a las 12:30 p. m. del martes y concluyó la madrugada del miércoles. La oposición intentó interrumpir el proceso legislativo retirando su lista de oradores tres horas antes de la finalización prevista del debate. En respuesta, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el diputado de la coalición, Simcha Rothman, prolongaron sus intervenciones hasta que más miembros de la coalición pudieran llegar para la votación, que tuvo lugar a las 6:15 a. m.
La ley reestructura el Comité de Selección Judicial, reduciendo la influencia de los jueces en ejercicio y aumentando el control político sobre los nombramientos. Bajo el nuevo marco, el panel de nueve miembros incluirá al presidente del Tribunal Supremo y a otros dos jueces elegidos por sus pares; el ministro de Justicia, quien presidirá el comité, y otro ministro seleccionado por el gobierno; dos miembros de la Knéset, uno de la coalición y otro de la oposición; y dos representantes públicos —abogados con al menos diez años de experiencia— elegidos por la coalición y la oposición, respectivamente.
La medida refleja un plan de compromiso elaborado por Levin y su colega, el ministro Gideon Sa’ar. La Fiscal General Gali Baharav-Miara se ha opuesto firmemente a la legislación, advirtiendo que socava la independencia judicial. En un dictamen jurídico, afirmó que la ley erosionaría los estándares profesionales de los nombramientos judiciales y otorgaría a las consideraciones políticas una influencia indebida, en particular en la selección de los jueces del Tribunal Supremo. Añadió que su oficina no defendería la ley si esta fuera impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia por motivos constitucionales.
La votación se produjo en medio de continuas manifestaciones públicas contra la reforma judicial. El martes, alrededor de 10.000 manifestantes se congregaron cerca de las oficinas gubernamentales en Jerusalén. Llegaron convoyes de vehículos de todo el país, y los activistas erigieron una exhibición simulada de la «Embajada de Qatar» en la capital, retratando a Netanyahu como una marioneta manipulada por Doha. La exhibición hacía referencia al escándalo del «Qatar-Gate», que ha generado controversia política en las últimas semanas.
La reforma judicial, introducida por el gobierno de Netanyahu a principios de 2023, ha sido uno de los temas más divisivos en la política israelí, provocando protestas a nivel nacional y preocupación internacional por el futuro de las instituciones democráticas de Israel.
Fuente: Ynet- Traducido por UnidosxIsrael
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