Israel aprobó ayer una ley que autoriza la revocación de la ciudadanía o residencia permanente y la posterior deportación de los condenados por terrorismo, una medida orientada a atacantes palestinos con ciudadanía israelí o permiso de residencia en Jerusalén Este ocupado que impulsó el actual Gobierno derechista.
El Parlamento israelí (Knéset) aprobó esta legislación con mayoría de 94 diputados en una cámara de 120, detalló un comunicado oficial difundido por un portavoz, mientras grupos de derechos humanos como la ONG israelí Adalah denuncian que la ley supone una «violación del derecho internacional» que «socava aún más el estatus precario de los palestinos bajo el régimen israelí».
Asimismo, la norma establece que «la ciudadanía o residencia de un terrorista» se deberá retirar cuando se demuestre que recibe dinero por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), tras cumplir también su condena de prisión.
La ANP mantiene un autogobierno en áreas reducidas de Cisjordania ocupada y entrega ayudas económicas a presos en cárceles israelíes, algunos con delitos de sangre tras cometer ataques con trasfondo político. A su vez, las prestaciones suelen distribuirse a menudo a través de sus familias o a los familiares de atacantes fallecidos.
Con todo, la nueva legislación afectará a cualquier «ciudadano o residente israelí que haya sido condenado por un delito de abuso de confianza contra el Estado de Israel, haya sido condenado a prisión efectiva por ese delito y se haya probado que la Autoridad Palestina le recompensa por ello», concretó el comunicado del Parlamento.
Además, los afectados por esta ley serán expulsados a zonas de Cisjordania bajo gobierno de la ANP o a la Franja de Gaza, después de que su residencia sea retirada por el Ministerio del Interior israelí tras una revisión previa con un comité consultivo y el consentimiento del Ministerio de Justicia.
Por su parte, el primer ministro de la ANP, Mohamed Shtayeh, condenó la aprobación de la legislación y la tachó de «racista» y de «flagrante violación del derecho internacional».
A su vez, el grupo islamista palestino Hamás consideró la medida como parte de la «violación persistente de los derechos del pueblo palestino en su tierra y patria histórica».
La ONG Adalah también criticó la legislación y denunció que «está dirigida explícita y exclusivamente a los palestinos», lo que ve como una medida «discriminatoria» que busca «establecer dos sistemas legales separados y basados en la supremacía judía».
El contenido que se materializa en esta ley era parte de la agenda política de la derecha y extrema derecha israelí desde hace tiempo.
Hace pocas semanas, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que pondría en marcha su aprobación tras recientes ataques palestinos contra israelíes que son parte de la actual escalada de violencia en la región, entre ellos uno que hace poco más de dos semanas se saldó con la vida de 7 personas en una colonia israelí de Jerusalén Este.
Israel ya retiró anteriormente la residencia a palestinos pese a no estar aprobada la actual legislación.
El caso más reciente fue en diciembre, aún bajo el Gobierno previo liderado por el centrista Yair Lapid, cuando expulsó a Francia al abogado palestino-francés Salah Hamouri, nativo de Jerusalén Este ocupado, que estuvo detenido 9 meses sin cargos, y al que vinculó como «agente» de un partido palestino que considera terrorista.
En junio de 2022, la Corte Suprema israelí también dio visto bueno a la revocación de ciudadanía a condenados por terrorismo, validando su aplicación pese a que los afectados no tengan otra nacionalidad.
Su fallo se produjo en respuesta a dos peticiones presentadas al tribunal que solicitaban la revocación de ciudadanía a dos árabes-israelíes condenados a prisión por ataques cometidos en el pasado.
Fuente: Infobae
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