Me han preguntado estos días qué siente un judío español, uno significado y sionista, ante un nuevo gobierno en España que podría ser abiertamente hostil contra Israel y todos los que apoyamos al Estado Judío.
Para contestar, hay que ofrecer primero un contexto reciente de lo que ha sido la realidad habitual de un ciudadano español amigo de Israel antes de que la moción de censura contra Rajoy triunfara: imagínense que un ciudadano marroquí, o de ascendencia marroquí, o familia marroquí, fuera oficialmente discriminado en España por autoridades locales (mientras el gobierna central mira para otro lado), bajo la excusa de la “ocupación ilegal del Sahara” por el reino alauita. O que para poder acceder a una actividad social, económica o civil normal en su localidad, a un ciudadano español de ascendencia turca se le exigiese que denunciara públicamente las atrocidades del estado turco en el Norte de Chipre desde su ocupación en 1974. O que el gobierne de España, gobiernos regionales, diputaciones y ayuntamientos financiaran con millones de euros actividades de grupos abiertamente hostiles contra un país amigo de España, Ucrania por ejemplo, glorificando el terrorismo contra sus ciudadanos y apoyando su destrucción. Inconcebible, ¿no? No si estos abusos kafkianos se aplican a un judío español.
Cuando los grupos de BDS se sienten lo suficientemente fuertes, presentan propuestas aún más agresivas para aprobar un boicot total contra Israel, sus ciudadanos y compañías, e incluso contra ciudadanos españoles que simpatizan con el Estado Judío.En las últimas dos semanas España ha experimentado una nueva ola de gobiernos locales que declaran su hostilidad hacia Israel y solidaridad con los disturbios palestinos en Gaza. Hasta la fecha, las dos ciudades más grandes de España, Madrid y Barcelona, han aprobado mociones proboicot que, incluso sin nombrar a Hamas o terrorismo, requieren, entre otras demandas, un embargo de armas español contra Israel. Estas mociones son promovidas por las diferentes franquicias del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) en España y encuentran un terreno fértil en los ayuntamientos dominados por Podemos, con el entusiasta apoyo del Partido Socialista y el nacionalismo catalán.
Esto es lo que sucedió la semana pasada en Valencia. Como de costumbre, la moción fue apoyada por partidos de izquierda y nacionalistas catalanistas, y fue opuesta por fuerzas moderadas constitucionalistas como el Partido Popular y Ciudadanos. Valencia ejemplifica una tendencia que ha venido extendiéndose en España en los últimos tres años: el ayuntamiento aprobó que la ciudad se uniera a la declaración “área libre del apartheid israelí” (ELAI), un eufemismo para declarar su territorio como “Juddenfrei” con material antisemita distribuido en todas las tiendas y restaurantes, así como un sello de “libre de apartheid” en todos los documentos oficiales.
Como en muchos casos anteriores, la organización ACOM que presido intervino. A través de cartas oficiales, ACOM solicitó al secretario del ayuntamiento, a su alcalde y a los jefes de los grupos políticos locales, que desistieran de esa votación y anunció acciones judiciales contra el gobierno municipal y posibles responsabilidades penales personales de cada miembro del consistorio si se aprobasen mociones manifiestamente ilegales. La declaración completa de ELAI se suspendió en el último minuto al justificar la necesidad de un examen legal adicional por parte de los asesores legales del ayuntamiento.
A diferencia de ACOM, el movimiento BDS en España está generosamente respaldado por los subsidios públicos de las administraciones centrales, regionales y municipales, de todos los colores políticos. Un informe encargado conjuntamente por NGO Monitor y ACOM el año pasado describió cómo, sólo en 2015, al menos seis millones de euros de subvenciones públicas respaldaron las actividades anti Israel de grupos de BDS, algunos de ellos con vínculos evidentes con organizaciones terroristas como el FPLP. ACOM ha identificado que, desde 2014, seis de las docenas de organizaciones de BDS que operan en España recibieron más de 33 millones de euros en subvenciones públicas. Los judíos españoles pagamos con nuestros impuestos a organizaciones cuyo único propósito es hostigarnos.¿Por qué son ilegales estos boicots? Es muy sencillo: el artículo 14 de nuestra Constitución dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Por tanto, los partidos políticos y sus cargos públicos pueden tener sus opiniones a favor o en contra de un país y su política, pero las administraciones públicas deben mantener su neutralidad frente al administrado, sin favorecer o penalizar a los ciudadanos por sus opiniones, creencias u origen nacional. En 33 casos anteriores ACOM obtuvo victorias judiciales contra tales declaraciones de BDS en otras tantas ciudades, con sentencias de los tribunales que anulan el boicot sobre la base de su inconstitucionalidad, violación de los derechos fundamentales, discriminación y antisemitismo. ACOM, un grupo privado de diplomacia pública proisraelí y que lucha contra el antisemitismo, no ha perdido un solo caso.
La extrema virulencia de las iniciativas de BDS en España tiene que ver con el surgimiento de Podemos en 2014.
Considerando que Podemos adopta el señalamiento, el escrache coactivo o el acoso en redes sociales para gestionar la disensión y disputa política habituales, cualquier minoría como la nuestra siente la inquietud de saberse en la diana.Es relevante recordar que Podemos fue fundado por algunos activistas BDS muy comprometidos y, junto con la financiación del gobierno de Venezuela, contó con el apoyo económico de la República Islámica de Irán a la organización y sus líderes. Todo ello está acreditado por informes policiales. Y esos líderes nunca lo negaron, sólo argumentaron que en ese momento tales donaciones no eran ilegales. El propio Pablo Iglesias conduce dos programas en Hispan Tv, la estación de televisión iraní para el mundo de habla hispana, y se le paga muy generosamente por ello. Hace sólo unas semanas, el candidato podemita a presidir el Gobierno de España dirigió un programa con otros “expertos” que debatieron el supuesto dominio judío de la política estadounidense, y donde ACOM fue acusado de ser un lobby israelí e identificado como su principal adversario.
Ser sionista no es más que reconocer el derecho a existir del Estado de Israel como el Estado Judío. Un estado democrático y respetuoso con todas sus amplias minorías que gozan de plenos derechos. Y demonizar, deslegitimar, aplicar doble rasero y deshumanizar al único estado judío, y sólo a él, no sólo es antisionismo, sino una forma moderna de antisemitismo. En Israel viven la mitad de los judíos del mundo y, aunque no todos los judíos son sionistas, la inmensa mayoría apoyamos a Israel. Los judíos de nuestro país somos orgullosamente españoles, defendemos la democracia constitucional que nos garantizó plenitud ciudadana y creemos que el estado de derecho nos protege como minoría de cualquier ataque. Por eso tenemos a Podemos como un adversario doble: por sus iniciativas antisemitas y por su ataque a nuestro sistema de libertades que permite a los judíos de España mantener una lealtad compartida y perfectamente compatible hacia la única democracia de Oriente Medio y hacía la antigua Sefarad que nos volvió a acoger. Y es por eso que el acceso de Podemos a cualquier poder en el gobierno nacional sería una pésima noticia para todos los españoles en general y para los judíos en particular.
Fuente: Hatzadhasheni
