El proyecto de ley, que constituye un pilar fundamental del plan de reforma judicial de la coalición, avanza; divide las atribuciones del fiscal general, creando una función adicional para el fiscal general. Sus detractores afirman que politiza el cargo y podría poner en peligro la democracia.
Un elemento clave del plan de reforma judicial de la coalición gobernante avanzó durante la noche del lunes al martes, cuando el pleno de la Knesset aprobó en primera lectura un proyecto de ley para dividir las funciones del fiscal general. El proyecto de ley fue aprobado con 65 votos a favor y 47 en contra, y ahora volverá a la Comisión de Constitución para su posterior deliberación.
El proyecto de ley, que la coalición intentará aprobar en su segunda y tercera lectura antes de que se disuelva la actual Knesset, dividiría las competencias del fiscal general en dos cargos separados: fiscal general y fiscal general.
Según la propuesta, el fiscal general tendría autoridad sobre el derecho penal y dirigiría el sistema de enjuiciamiento, mientras que el fiscal general conservaría las demás facultades legales, lideraría el sistema de asesoría jurídica del gobierno y supervisaría las áreas de la Fiscalía General del Estado que no se ocupan de asuntos penales.
El proyecto de ley propone regular el proceso de nombramiento, los requisitos de elegibilidad y el mandato del fiscal general, estipulando que el gobierno lo nombraría por recomendación del primer ministro y el ministro de Justicia, y que su mandato coincidiría con el del gobierno que lo designó. También propone regular las condiciones para la finalización de su mandato, los motivos de destitución o suspensión, y el nombramiento de un fiscal general adjunto que actuaría como fiscal general interino.
El proyecto de ley establece además que el fiscal general asistiría al gobierno en la implementación de sus políticas y objetivos dentro del marco legal, y brindaría asesoría jurídica a todos los órganos del poder ejecutivo. También propone que las opiniones legales del fiscal general sean vinculantes para las agencias gubernamentales. Sin embargo, el gobierno podría decidir que una opinión específica no es vinculante y permitir que las agencias la ignoren.
El proyecto de ley otorgaría al gobierno la autoridad final sobre la posición del estado ante los tribunales. El fiscal general representaría habitualmente dicha posición, pero si se negara a hacerlo, o si un ministro considerara que la posición no está siendo debidamente representada, el gobierno podría designar a otro abogado.
El proyecto de ley establecería las normas para el nombramiento del fiscal general, quien sería elegido por el gobierno entre los candidatos recomendados por un comité público y desempeñaría un mandato de seis años. También definiría cómo podría ser destituido o suspendido el fiscal general, y quién lo sustituiría en funciones en caso necesario. Este cargo sería independiente y estaría sujeto únicamente a la ley.
Los partidarios del proyecto de ley plantearon dos argumentos principales. Uno es la preocupación por la excesiva concentración de poder. Según este argumento, la combinación de las diversas funciones del fiscal general creaba una institución pública con amplios poderes, lo que suponía un problema en un sistema democrático, uno de cuyos principios básicos es la distribución del poder gubernamental.
Un segundo argumento es la preocupación por un conflicto de intereses inherente entre las funciones, dado que, por un lado, el fiscal general presta servicios al gobierno y a los ministros y establece relaciones con ellos basadas en la confianza, la cercanía y la cooperación, mientras que, por otro, dirige un sistema que lidera investigaciones y acusaciones, incluso contra ministros del gobierno, un cargo que exige distancia con respecto a ellos.
El partido Shas declaró: “Esta noche, con el apoyo de Shas, el proyecto de ley para dividir las funciones del fiscal general fue aprobado en primera lectura. Este es un paso necesario para reducir el poder excesivo y agresivo que ostentan la fiscal general anarquista y sus colegas en el sistema judicial. En los últimos años, el sistema de asesoría jurídica del gobierno se ha convertido en un factor que obstaculiza sistemáticamente las decisiones gubernamentales y en una cruel maquinaria de persecución política contra la población en general. Su vergonzoso fracaso ayer en el Tribunal Superior demuestra lo inaceptable que es dejar tanto poder en manos de una sola persona”.
“Se abole el papel de guardián”.
El proyecto de ley ha suscitado una fuerte oposición por parte del estamento jurídico. “Esta ley no solo divide las funciones del fiscal general, sino que las abole: suprime el papel del fiscal general tal como lo conocemos, como guardián”, declaró el fiscal general adjunto, Dr. Gil Limon, durante una audiencia del Comité Constitucional. «Este cargo es de gran importancia en tiempos normales, pero aún más en circunstancias especiales, como un periodo electoral, que pone de manifiesto la complejidad de las funciones del fiscal general. En nuestra opinión, si vamos a elecciones con un fiscal general con motivaciones políticas, esto supone un peligro para la democracia.»
“Esto no se relaciona únicamente con el método de nombramiento, sino también con las salvaguardias existentes en la jurisprudencia y la práctica: nombramiento, cese en el cargo, carácter vinculante de las opiniones, entre otras”, añadió. “Supongamos que, una semana antes de las elecciones, el gobierno quiere tomar una decisión que tenga un impacto sustancial en los comicios. El gobierno podría determinar que la opinión de un fiscal general que declare ilegal dicha decisión no le vincula”.
Limon explica que “un componente muy importante es salvaguardar la correcta administración. Durante un período electoral, la función de todos los asesores jurídicos de los ministerios gubernamentales, quienes, según el proyecto de ley, estarían dirigidos por un fiscal general político, es garantizar que no se tomen decisiones que impliquen un uso indebido de los recursos estatales. Antes de las elecciones, creamos equipos especializados cuyo propósito es asegurar que el gobierno, que ostenta un gran poder, no lo utilice para influir en los resultados electorales. De repente, llegan decisiones de gran alcance sobre prioridades nacionales y más”.
Fuente: Ynet- Traducido por UnidosxIsrael
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