El primer ministro afirma que las decisiones sobre seguridad nacional recaen exclusivamente en él, mientras que diversas peticiones impugnan la nominación de Roman Gofman para jefe de los servicios de inteligencia por su presunta aprobación del uso de un menor como informante.
El primer ministro Benjamin Netanyahu instó al Tribunal Superior de Justicia a rechazar las peticiones contra el nombramiento del general de división Roman Gofman como jefe del Mossad, argumentando en un documento presentado el viernes que la responsabilidad de la seguridad nacional recae únicamente en el primer ministro.
“La responsabilidad de la seguridad del Estado y de sus ciudadanos recae en el primer ministro, y solo en él”, escribió Netanyahu en su respuesta previa a la audiencia judicial sobre el nombramiento de Gofman.
Netanyahu afirmó que el mandato legal y democrático para dirigir la seguridad del país fue otorgado por el pueblo exclusivamente al primer ministro. Añadió que el proceso actual, así como la revisión realizada por un comité asesor sobre nombramientos de altos cargos, no abordaban ni podían abordar consideraciones estratégicas y de seguridad más amplias.
«No existe posibilidad alguna, ni siquiera teórica, de proponer en este proceso un “equilibrio” diferente frente a un sistema de consideraciones que no está ante nosotros en absoluto», escribió Netanyahu.
Netanyahu afirmó que las peticiones buscan anular el nombramiento de un jefe del Mossad en plena guerra. Argumentó que la decisión de nombrar a Gofman es una decisión de seguridad que constituye la base de la autoridad del primer ministro y que la revisión judicial de la misma debería ser especialmente limitada.
“Existen razones fundadas para suponer que la razonabilidad de la decisión del primer ministro es, en muchos casos, preferible a la de cualquier otra persona, incluido el honorable tribunal”, afirma el documento.
Netanyahu añadió que, incluso si se hubiera detectado algún defecto en la conducta de Gofman, el primer ministro tenía derecho —y, en la práctica, la obligación— de sopesar dicho defecto frente a las ventajas de Gofman.
En su escrito, Netanyahu argumentó que el presidente del comité asesor, el expresidente del Tribunal Supremo Asher Grunis, “excedió su autoridad” al recomendar no nombrar a Gofman.
“La función del comité no es ‘recomendar’ ni ‘no recomendar’ el nombramiento de una persona, sino únicamente llegar a conclusiones sobre la integridad de dicho candidato. Eso es todo”, señala el documento. “Su conclusión sobre su integridad no es definitiva, sino solo un dato más entre muchos sobre la cuestión de su nombramiento, que será decidido por otra institución y no por el comité: el primer ministro de Israel”.
Las peticiones contra el nombramiento de Gofman fueron presentadas por el Movimiento por un Gobierno de Calidad y por Ori Elmakayes, de 21 años, quien afirma que fue utilizado como informante para una «operación de influencia» por subordinados de Gofman cuando tenía 17 años. Elmakayes argumentó en su petición que la operación no estaba autorizada y era ilegal.
Elmakayes, quien fue reclutado y dirigido con la aprobación de Gofman cuando este era comandante de división en el Comando Norte, fue arrestado por el Shin Bet en 2022 e interrogado bajo sospecha de delitos graves contra la seguridad. Permaneció detenido bajo condiciones restrictivas durante aproximadamente 21 meses y fue acusado de delitos graves antes de ser absuelto y exonerado de toda culpa.
Los peticionarios expusieron el caso de Gofman y alegaron faltas en su integridad, incluyendo lo que consideraron una omisión en una investigación militar, su silencio durante la detención y el juicio de Elmakayes, la evasión de responsabilidades, el maltrato a un menor inocente y su falta de credibilidad.
La petición también detalla y enfatiza el razonamiento de la opinión minoritaria de Grunis, quien presidió el Comité Asesor para Nombramientos a Altos Cargos y determinó que Gofman no debía ser nombrado jefe del Mossad debido a faltas en su integridad.
Los peticionarios también afirmaron que no existía una base fáctica suficiente para la decisión del comité de aprobar el nombramiento, ya que sus miembros se negaron a escuchar el testimonio de Elmakayes y, en cambio, se basaron en entrevistas con los medios de comunicación. Argumentaron además que el comité evitó convocar al general de brigada G., jefe de la división de operaciones de la Dirección de Inteligencia Militar durante el período en cuestión.
La petición alegó, además, que la decisión del comité contenía importantes contradicciones fácticas entre las conclusiones presentadas por los miembros que aprobaron el nombramiento y la opinión minoritaria de Grunis. La petición señalaba que a dos miembros del comité, Talia Einhorn y Moshe Terry, se les impidió revisar los documentos clasificados que se mostraron a Grunis y a otro miembro del comité, Daniel Hershkowitz, por carecer de la autorización de seguridad necesaria. Los peticionarios argumentaron que, dado que a la mitad del comité se le impidió ver el material clasificado, su postura no debería tener validez.
Por su parte, Gofman rechazó las afirmaciones en su respuesta al Tribunal Superior de que había tratado con Elmakayes en el ejercicio de sus funciones militares, afirmando que dicha afirmación distorsionaba la realidad. «No hubo tal trato», declaró Gofman.
Gofman, el jefe designado del Mossad, afirmó que la 210.ª División, que él mismo comandó, intentó publicar material no clasificado, cuya publicación había sido aprobada previamente, en un canal de comunicación adicional después de que, según la división, la cobertura en los principales medios de comunicación no lograra su objetivo operativo.
Gofman afirmó que desconocía que Elmakayes fuera la persona que operaba ese canal de comunicación y que no existía ninguna relación continua ni mecanismo de control que pudiera considerarse «gestión».
Fuente: ynet- Traducido por UnidosxIsrael
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