El primer ministro de Israel solo se vería obligado a dimitir en caso de una condena firme y tras agotar todos recursos, algo que podría llevar años.
La saga política y la judicial convergen este lunes (05.04.2021) en Israel, con la reanudación del juicio por corrupción del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el comienzo de las consultas poselectorales para que el presidente designe a un candidato a formar gobierno.
Los jueces convocaron a Netanyahu, de 71 años, de los cuales 15 en el poder, al tribunal de distrito de Jerusalén para las declaraciones preliminares de la Fiscalía, una nueva etapa en el primer juicio de un jefe de gobierno israelí en funciones de la historia del país.
Se le acusa de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos. Él niega los cargos.
Mientras la fiscal principal Liat Ben-Ari desarrolle los argumentos contra el primer ministro que más tiempo lleva en funciones, el presidente, Reuven Rivlin, comenzará las negociaciones de dos días con altos cargos de los partidos. Serán decisivas para el futuro político de Netanyahu.
El Likud, el partido de derecha del primer ministro, ganó las elecciones legislativas del 23 de marzo, las cuartas en menos de dos años, con 30 de los 120 escaños de la Knesset.
Pero aunque les sume los de sus aliados sigue sin alcanzar la mayoría de 61 escaños necesaria para formar un gobierno estable. Y muchos partidos rivales quieren acabar con sus 12 años seguidos de mandato.
A falta de un líder común entre sus contrincantes es posible que Netanyahu obtenga el mayor número de recomendaciones, con el apoyo de los 16 diputados de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá y los seis de la alianza de extrema derecha Sionismo Religioso.
Normalmente se designa al candidato que recibe más recomendaciones y dispone de 28 días para formar gobierno, un plazo que el presidente puede prolongar catorce días.
Pero Rivlin insinuó la semana pasada que los cálculos de escaños podrían no ser el único factor a la hora de tomar una decisión y que el miércoles nombraría un diputado capaz de formar un gobierno que «curará las divisiones (…) y reconstruirá la sociedad».
No se descarta que se necesiten «coaliciones fuera de lo común» para sacar a Israel del estancamiento político, añadió el presidente.
Como en el pasado la relación entre Netanyahu y Rivlin ha sido ruda, el Likud interpretó estas declaraciones como una señal de apoyo tácito al bando anti-Bibi, como lo llaman afectuosamente sus partidarios.
Juicio no amenaza aspiraciones de Netanyahu
El partido acusa a Rivlin, que fue miembro del Likud cuando era diputado, de extralimitarse en sus funciones, más que nada honoríficas.
En el bloque opuesto al primer ministro, el partido Yesh Atid, del centrista Yair Lapid, es el que tiene más escaños (17).
Pero formar una coalición anti-Netanyahu necesita una alianza bastante improbable entre Yair Lapid, Gideon Saar, exministro conservador de Netanyahu, Naftali Bennett, líder de la derecha radical y exaliado del primer ministro, y otros partidos del centro y de la izquierda.
Y los dos bandos necesitan para formar gobierno el apoyo del partido islamista Raam de Mansur Abas, que fue la gran sorpresa electoral con cuatro escaños. Él se declara abierto a negociar con ambas partes.
El partido Sionismo Religioso advirtió que no integrará un gobierno junto con Raam.
Si ninguno de los bandos logra formar una coalición se podrían convocar nuevos comicios, lo cual prolongaría la crisis.
El juicio de Netanyahu no amenaza sus aspiraciones a corto plazo. Y es que solo se ve obligado a dimitir en caso de una condena firme y una vez que se agoten todos recursos, algo que podría llevar años.
No obstante, el procedimiento entra el lunes en una fase más intensa con la presentación de pruebas.
Netanyahu podrá irse del tribunal después de la intervención de la fiscalía, cuando los testigos comiencen a prestar declaración.
Podría toparse entonces con los manifestantes que piden su dimisión desde hace meses, congregándose todas las semanas frente a su vivienda y delante del tribunal en cada vista judicial.
Fuente: DW
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