El reclamo de soberanía de Israel sobre Judea y Samaria, no se origina con el logro del control del área en la Guerra de los Seis Días de 1967. Opinión.
Por Alan Baker
El tema de la ley bajo el derecho internacional del pueblo judío y el Estado de Israel en Judea y Samaria involucra una red compleja y extensa de asuntos históricos, legales, militares y políticos.
El pueblo judío tiene reclamos históricos en Judea y Samaria
Los reclamos de soberanía de Israel en Judea y Samaria no se originaron con el logro del control del área después de la Guerra de los Seis Días de 1967.
Los derechos de Israel se basan en los reclamos indígenas e históricos del pueblo judío en el área en su conjunto, prácticamente desde tiempos inmemoriales.
Los derechos legales internacionales de Israel fueron reconocidos en 1917 por la promesa de la Declaración Balfour a los judíos de restablecer su hogar nacional histórico en Palestina. Estos derechos se basan en evidencia histórica, arqueológica y bíblica clara.
La Declaración Balfour fue posteriormente reconocida internacionalmente y encapsulada en el derecho internacional a través de una serie de instrumentos internacionales que comenzaron con la Declaración de San Remo de 1920 por el Consejo Supremo de las Principales Potencias Aliadas, seguido del Mandato de la Liga de Naciones de 1922 para Palestina.
La validez continua de estos derechos legales fundamentales también estaba asegurada en virtud del Artículo 80 de la Carta de las Naciones Unidas.
Estas áreas no pueden definirse formalmente como territorios ocupados.
Durante la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que Egipto, Siria y Jordania invadieron Israel en una acción militar combinada, Israel logró el control de las áreas de Gaza, los Altos del Golán y Judea y Samaria, y estableció una administración militar para gobernar a la población local de conformidad con las normas y requisitos aceptados del derecho internacional.
La resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de la ONU pidió una solución negociada al conflicto.
Como ni Jordania ni Egipto habían adquirido poderes soberanos reconocidos en estas áreas, no podían definirse formalmente como territorios ocupados, e Israel se comprometió a actuar de acuerdo con las normas pertinentes del derecho internacional, a la espera de un acuerdo negociado. Esto se hizo sin reconocer oficialmente la aplicabilidad formal del Cuarto Convenio de Ginebra a las áreas.
Los Acuerdos de Oslo establecieron un acuerdo territorial provisional acordado
Los Acuerdos de Oslo de 1993-1995 entre Israel y la OLP, firmados y presenciados por las principales potencias y respaldados por las Naciones Unidas, establecieron un acuerdo territorial interino único y acordado para gobernar las áreas de Cisjordania y Gaza, entre una Autoridad Palestina, establecida para ese propósito, e Israel.
En los acuerdos, se acordó que cuestiones como los asentamientos, las fronteras, Jerusalén, los refugiados, el agua y la seguridad se negociarían en negociaciones permanentes.
A la espera de la finalización de tales negociaciones, se acordó que las áreas se dividirían de manera tal que la Autoridad Palestina gobernaría las principales ciudades y pueblos (áreas A y B), e Israel gobernaría el área en la que se ubicaban las instalaciones y asentamientos militares israelíes (área C).
Los Acuerdos de Oslo no especificaron el resultado de las negociaciones de estatus permanente, ya sea un estado, dos estados, una federación, confederación u otro. Cualquier solución acordada solo emanará de las negociaciones entre el liderazgo palestino e Israel.
Esto no puede ser impuesto unilateralmente por resoluciones de la ONU, ni por ningún foro internacional o líderes individuales. Los estados y las organizaciones que defienden una «solución de dos estados», de hecho, se adelantan al resultado de las negociaciones que aún no se han llevado a cabo.
La persistente negativa de los palestinos a negociar no deja a Israel otra opción que actuar unilateralmente para proteger sus derechos
Si bien los derechos de soberanía internacionales, legales, políticos y de los pueblos originarios, bien establecidos y documentados de Israel son claros, Israel reconoció en los Acuerdos de Oslo los derechos palestinos en las áreas y acordó negociar con ellos el estado permanente de las áreas.
La persistente negativa de los palestinos a volver a las negociaciones y su rechazo a los planes de paz para resolver la disputa no pueden ni deben servir para vetar una solución de la disputa.
Tal negativa y rechazo en curso socava el proceso de paz, invalida los Acuerdos de Oslo y no deja a Israel otra opción que actuar unilateralmente para proteger su seguridad vital y otros intereses y derechos históricos.
Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Centro de Jerusalén y director del Foro de Derecho Global. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como en acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y como embajador de Israel en Canadá.
Fuente: ArutzSheva- Traducido por UnidosxIsrael
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