“Dudo que entidades como la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina gocen de algún derecho constitucional”, escribió Clarence Thomas, juez asociado de la Corte Suprema.

Los estadounidenses víctimas del terrorismo palestino pueden demandar por daños y perjuicios en los tribunales estadounidenses, según dictaminó el Tribunal Supremo por unanimidad el viernes, confirmando la constitucionalidad de la Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo de 2019.
La ley de 2019 amplía la Ley Antiterrorista de 1992, que permite a los estadounidenses perjudicados por atentados terroristas en el extranjero demandar a entidades extranjeras, incluidas la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, por daños y perjuicios.
“El gobierno federal puede elaborar una disposición jurisdiccional limitada que garantice, como parte de una agenda de política exterior más amplia, que los estadounidenses heridos o muertos por actos de terrorismo tengan un foro adecuado para reivindicar su derecho a la indemnización prevista en la Ley Antiterrorista”, escribió John Roberts, presidente del Tribunal Supremo.
Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, declaró a JNS que “este es un hito importante para hacer justicia a las víctimas del terrorismo y exigir responsabilidades a los terroristas dondequiera que se encuentren”.
Los jueces asociados Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson se unieron a Roberts en la opinión mayoritaria. Clarence Thomas presentó una opinión concurrente, a la que se sumó Neil Gorsuch.
Thomas escribió que “el tribunal deja para otro día la tarea de definir ‘los límites externos de la Quinta Enmienda a la jurisdicción territorial de los tribunales federales’”, refiriéndose a la enmienda que garantiza el debido proceso, entre otras cosas.
“Yo adoptaría un enfoque diferente”, escribió. “Al interpretar las disposiciones constitucionales, debemos considerar ‘el texto de la Constitución’, así como la ‘evidencia histórica de su elaboración’ que pueda ilustrar ‘la intención de quienes la redactaron y ratificaron’”.
“La pregunta crucial en estos casos es qué límites impone la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda, tal como se entendió originalmente, a la facultad del gobierno federal de extender la jurisdicción personal sobre los demandados”, escribió. La evidencia histórica demuestra que la respuesta es ‘ninguna’.
Bajo la Quinta Enmienda, toda “persona” está protegida de ser “privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal”, por lo que, escribió Thomas, los demandados, entre los que se incluyen la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, “deben demostrar que son ‘persona(s)’ protegidas por la Quinta Enmienda y que la Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo vulnera su derecho al debido proceso”.
“Existen fuertes razones para pensar que cada una de ellas plantea un problema grave, por sí sola, para los demandados. Sin embargo, como mínimo, hoy concluyo que las disposiciones jurisdiccionales de la PSJVTA no violan ninguna interpretación plausible del debido proceso”, escribió. “Dudo que entidades como la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina gocen de algún derecho constitucional, y mucho menos que se les considere ‘persona(s)’ a efectos de la Quinta Enmienda”.
Thomas añadió que la Quinta Enmienda “nunca se interpretó como una restricción a la capacidad del Congreso para extender la jurisdicción federal”.
“El gobierno federal siempre ha tenido la facultad de extender su jurisdicción más allá de las fronteras nacionales y, como se entendió en 1791, la Quinta Enmienda no limitó esta prerrogativa soberana”, escribió.
En el caso Fuld contra la Liberación de Palestina, entre los demandantes se encontraban Miriam Fuld, en representación de su esposo Ari Fuld, quien fue asesinado por un terrorista palestino en 2018 en Judea y Samaria, y otras víctimas estadounidenses de ataques terroristas palestinos entre 2002 y 2004.
“Bueno, esto sí que es un asunto importante. La esposa de mi difunto hermano Ari apeló ante la Corte Suprema y ganó por unanimidad”, declaró Hillel Fuld. “Ahora, cualquier ciudadano estadounidense afectado por el terrorismo palestino puede demandar a la Autoridad Palestina en los tribunales estadounidenses. Algo sin precedentes. ¡Impresionante!”.
Fuente: JNS- Traducido por UnidosxIsrael
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