Mientras Eisenkot trabaja en la formación de un gobierno, Netanyahu conserva la facultad de actuar contra Irán. Sin embargo, la legislación israelí plantea interrogantes sobre la posibilidad de emprender una nueva guerra bajo un gobierno en funciones.

El presidente Isaac Herzog ha encargado a Gadi Eisenkot la formación del próximo gobierno de Israel; sin embargo, Benjamin Netanyahu sigue siendo el primer ministro, conservando las facultades de su cargo, supervisando el aparato de defensa y dirigiendo la política israelí respecto a Irán.
La inusual situación política tras las elecciones plantea interrogantes no solo sobre quién logrará formar gobierno, sino también sobre quién tiene la autoridad para tomar la que podría ser la decisión más trascendental de este periodo: reanudar la ofensiva militar de Israel contra Irán, una medida que podría desencadenar un nuevo conflicto regional.
La posición de Netanyahu al frente de un gobierno en funciones podría sugerir una limitación en su capacidad para adoptar decisiones de gran alcance. No obstante, un análisis de la «Ley Fundamental: El Gobierno», junto con los precedentes jurídicos y militares de Israel, revela un panorama más complejo.
Un gobierno en funciones no tiene prohibido por ley entrar en guerra; de hecho, gobiernos anteriores en esta misma situación han supervisado importantes operaciones militares. Las cuestiones fundamentales son qué circunstancias justifican tal acción, cómo debe tomarse la decisión y si existe una amenaza a la seguridad tan urgente que haga imposible cualquier aplazamiento.
Este asunto ha adquirido una relevancia particular en medio de una creciente brecha entre Jerusalén y Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anteriormente apoyó una acción militar de gran envergadura contra Irán, ha señalado en los últimos días que no ve necesario reanudar los ataques en esta etapa. Su administración busca un posible acuerdo con Teherán, mientras que Netanyahu sostiene que derrocar al régimen de los ayatolás es la única forma de eliminar de manera permanente la amenaza iraní.
Trump busca un acuerdo; Netanyahu aboga por un cambio de régimen.
En una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS, emitida a principios de esta semana, se le preguntó a Trump si tenía la intención de intensificar la guerra contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Él respondió que no tenía ningún deseo de hacerlo y que no veía ninguna razón para una mayor escalada.
Más tarde, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Trump reiteró que, en esta etapa, no parece necesaria una acción militar adicional.
El presidente señaló que Irán mantiene conversaciones con Estados Unidos y expresó su esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. No obstante, subrayó que las fuerzas armadas estadounidenses permanecen preparadas para actuar si las circunstancias cambian.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha adoptado una postura similar, argumentando que la presión económica que Washington ejerce sobre Irán —mediante sanciones y un bloqueo naval— ha sido tan efectiva y perjudicial que, por el momento, no son necesarios nuevos ataques militares.
Rubio pronosticó que los efectos de esta presión sobre el régimen iraní se harán más evidentes en las próximas semanas y meses.
Sin embargo, reconoció que no es inminente un avance significativo en las negociaciones, en parte debido a ciertas exigencias iraníes que Washington considera inaceptables. Por tanto, la opción militar sigue sobre la mesa.
Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance ha surgido como una figura central en los esfuerzos por lograr un acuerdo diplomático.
En las últimas dos semanas, Vance ha participado personalmente en contactos indirectos con Irán, manteniendo conversaciones casi diarias con el primer ministro de Catar, el jefe del ejército de Pakistán y otros mediadores.
La administración también está considerando conversaciones directas entre funcionarios estadounidenses e iraníes a nivel técnico, así como una posible reunión entre Vance y altos cargos iraníes.
Netanyahu, por el contrario, sigue abogando por un enfoque mucho más duro.
En su discurso ante la Knéset el miércoles, pidió la formación de un gobierno de unidad nacional en respuesta a la renovada amenaza iraní, argumentando que la única forma de eliminarla de manera permanente es derrocar al régimen de los ayatolás.
Asimismo, advirtió que la comunidad internacional podría llegar a aceptar la reanudación del programa nuclear de Irán.
Netanyahu y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se encuentran entre quienes favorecen la reanudación de las operaciones militares contra Irán, mientras que Vance y el enviado estadounidense Steve Witkoff prefieren explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El Financial Times informó que a los líderes árabes les preocupa que Netanyahu esté presionando a Trump para que retome la campaña militar.
Una fuente cercana a las conversaciones afirmó que Netanyahu habla con frecuencia con el presidente estadounidense y le ha instado reiteradamente a lanzar un nuevo ataque.
Sin embargo, una fuente conocedora de la situación en Israel ofreció una perspectiva distinta, señalando que, si bien Netanyahu es partidario de reanudar la acción militar, actualmente no hay indicios claros de un esfuerzo concertado para convencer a Trump de que proceda en ese sentido.
Estos informes no confirman que Netanyahu haya decidido lanzar otra ofensiva, pero ponen de manifiesto las discrepancias sobre cómo debería concluir la confrontación con Irán.
El gabinete de seguridad no se ha reunido en más de un mes.
La posibilidad de una nueva acción militar también ha suscitado interrogantes sobre el funcionamiento del gabinete de seguridad de Israel.
Se espera que el gabinete se reúna este próximo domingo, 15 de noviembre, por primera vez en más de un mes. Su última sesión tuvo lugar el 5 de octubre, antes de las elecciones a la Knéset.
Entretanto, el estamento de defensa ha recibido instrucciones de aumentar su nivel de preparación ante un posible ataque contra Irán, a pesar de que el gabinete de seguridad no se ha reunido durante este periodo.
Esto no significa que se haya tomado una nueva decisión de entrar en guerra. No obstante, plantea interrogantes sobre qué foros están llevando a cabo los debates en materia de seguridad y cómo se están tomando las decisiones mientras el gobierno actúa en funciones.
¿Puede un gobierno en funciones iniciar una guerra según la legislación israelí?
La disposición legal fundamental que regula esta cuestión es el artículo 40 de la Ley Básica: El Gobierno.
Dicho artículo estipula que Israel no puede iniciar una guerra ni emprender acciones militares de gran envergadura que, con una probabilidad cercana a la certeza, puedan conducir a una guerra, sin una decisión previa del gobierno.
La ley también permite al gobierno delegar esta facultad en el Comité Ministerial para Asuntos de Seguridad Nacional —conocido comúnmente como «gabinete de seguridad»— cuando el primer ministro considere que tal medida es necesaria por razones de seguridad nacional, relaciones exteriores o confidencialidad.
Asimismo, la disposición aclara que estas restricciones no impiden llevar a cabo otras acciones militares necesarias para defender el Estado y proteger la seguridad pública.
Pero, ¿cómo se aplican estas normas a un gobierno en funciones?
El artículo 40 no establece distinción alguna entre un gobierno en pleno ejercicio de sus funciones y un gobierno en funciones (o gobierno saliente). Por otra parte, el artículo 30 de la Ley Básica dispone que un gobierno saliente debe seguir desempeñando sus funciones hasta que se constituya un nuevo gobierno.
Esto significa que Netanyahu y sus ministros conservan sus poderes ejecutivos, a pesar de los resultados electorales y de la decisión de Herzog de encargar a Eisenkot la formación del próximo gobierno.
No obstante, dichas facultades no son ilimitadas.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que un gobierno saliente debe actuar con moderación, de manera razonable y proporcionada, teniendo en cuenta la modificación en su legitimidad democrática.
Cuanto más urgente sea la necesidad pública de actuar, menor será la exigencia de moderación. Ante una amenaza a la seguridad de carácter inmediato, un gobierno en funciones conserva un margen de actuación considerable.
Sin embargo, surge una cuestión jurídica y pública más compleja cuando el gobierno se plantea iniciar una operación militar que podría posponerse sin comprometer los objetivos operativos.
Otra distinción importante se refiere a las facultades personales del primer ministro.
El primer ministro no puede autorizar por sí solo, de manera independiente, cualquier decisión de iniciar una guerra. Si una operación militar propuesta entra en el ámbito del artículo 40(a), se requiere una decisión del gobierno o, en su defecto, una resolución del gabinete de seguridad, actuando este último en virtud de una delegación de facultades otorgada conforme a la ley.
Fuente: JPost- Traducido por UnidosxIsrael
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