El Ministerio de Justicia dictamina que el tribunal no puede abordar el asunto antes de que las autoridades pertinentes decidan; el gobierno insinuó que podría ignorar al Tribunal Supremo si acepta peticiones que buscan torpedear el procedimiento.
El Tribunal Superior de Justicia denegó el domingo las solicitudes de una orden provisional para congelar el nuevo proceso gubernamental para el despido del fiscal general, evitando así un enfrentamiento directo con la coalición gobernante que busca destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara.
La decisión del juez Noam Sohlberg se produjo horas después de que el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, presentaran una notificación al tribunal solicitando que rechazara las peticiones contra el nuevo procedimiento e insinuando que la coalición podría ignorar al tribunal si este fallaba en su contra.
Con el obstáculo judicial reducido por el momento, un nuevo comité ministerial de cinco miembros, encargado de recomendar al gobierno si se destituye o no a Baharav-Miara, podrá reunirse el lunes según lo previsto.
El comité ha citado a Baharav-Miara a la audiencia, pero no está claro si planea asistir.
La decisión de Sohlberg de no intervenir fue procesal y no se basó en el mérito de los argumentos. Dado que el nuevo comité aún no ha emitido una recomendación y el gobierno aún no ha votado sobre el despido de Baharav-Miara, dictaminó que aún no se ha tomado una decisión para emitir una orden judicial en su contra.
Esto significa que los solicitantes pueden volver a presentar sus objeciones ante el tribunal si el comité efectivamente recomienda el despido de Baharav-Miara, como se espera ampliamente que haga.
El gobierno y la fiscal general han estado en conflicto desde que el gobierno asumió el cargo a finales de 2022. El gobierno la acusa de obstaculizar constantemente sus políticas y acciones, y Baharav-Miara —nombrada por el gobierno anterior— acusa al gobierno de actuar ilegalmente y promover legislación inconstitucional.
En marzo, el gobierno puso en marcha el proceso de destitución del fiscal general según un sistema establecido en 2000. Pero en junio, después de no lograr poner en marcha el proceso de destitución del fiscal general según los procedimientos establecidos, el gabinete aprobó una resolución estableciendo un nuevo comité ministerial de cinco miembros que podría iniciar el proceso, encabezado por Chikli.
Grupos de vigilancia gubernamental presentaron inmediatamente peticiones contra la resolución del gabinete, argumentando que modifica ilegalmente el método de destitución después de haber iniciado ya el proceso original, y solicitando órdenes provisionales al tribunal para congelar todos los aspectos del nuevo proceso a la espera de una decisión final.
La forma de la notificación presentada por Chikli y Levin antes del fallo de Sohlberg fue sumamente inusual, ya que no se trataba de una respuesta legal formal a las peticiones ni fue redactada por un abogado contratado por el gobierno, sino por los propios ministros.
En su notificación, Levin y Chikli no abordaron los argumentos legales clave contra el nuevo método de destitución de un fiscal general, sino que acusaron a Baharav-Miara de oposición sistemática a las políticas gubernamentales debido a sus posiciones personales y políticas, y afirmaron que debería haber renunciado cuando el gobierno emitió una moción de censura en su contra a principios de este año.
El gobierno y la fiscal general han estado en conflicto desde que el gobierno asumió el cargo a finales de 2022. El gobierno la acusa de obstaculizar sistemáticamente sus políticas y acciones, y Baharav-Miara, nombrada por el gobierno anterior, acusa al gobierno de actuar ilegalmente y promover legislación inconstitucional.
“El gobierno ya no está dispuesto a aceptar una realidad en la que se le niega sistemáticamente y sin precedentes el asesoramiento y la representación legal que merece”, escribieron Levin y Chikli en su declaración ante el tribunal el domingo.
Argumentaron que las peticiones contra el nuevo sistema de destitución de fiscales generales “deberían ser rechazadas de plano”, afirmando que un fallo en contra del gobierno “silenciaría y dañaría gravemente la labor gubernamental” y “contradiría la esencia de la democracia”.
Esto, escribieron los ministros, «constituiría un decreto totalmente injustificado e inaplicable», lo que implica que el gobierno podría optar por no acatar dicha decisión.
Levin y Chikli argumentaron que, tras la emisión de una moción de censura contra Baharav-Miara por parte del gobierno en marzo, esta debería haber dimitido o «al menos haber actuado para corregir su comportamiento y mejorar su colaboración con el gobierno».
Sin embargo, afirmaron que el «desprecio manifiesto de la fiscal general hacia el gobierno y su ministro» no había hecho más que agravarse desde entonces, así como sus «acciones sistemáticas contra las políticas gubernamentales».
En estas circunstancias, continuó el ministro, «sería impensable» que el tribunal intentara obligar al gobierno a mantener a Baharav-Miara «basándose en razones procesales de cualquier tipo que no tengan fundamento jurídico», y advirtió que tal decisión tendría «graves consecuencias». El nuevo comité ministerial tiene previsto celebrar una audiencia de destitución de Baharav-Miara el lunes.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, uno de los peticionarios contra la resolución del gabinete de junio, declaró el domingo que la respuesta de Levin y Chikli no presentaba una «justificación legal real» para modificar el proceso de destitución del fiscal general, y afirmó que equivalía a admitir la «debilidad» de la postura del gobierno.
«No se debe permitir que un gobierno con un número sin precedentes de miembros bajo investigación penal continúe el proceso destructivo de destituir al principal guardián del país», añadió el MQG en referencia al papel del fiscal general como jefe de la fiscalía.
«El tribunal debe mantenerse alerta y proteger el estado de derecho de una maniobra que busca la politización total del sistema de aplicación de la ley», declaró.
Fuente: TheTimesofIsrael- Traducido por UnidosxIsrael
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