Israel acusó a la Oficina para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ser «cómplices del terror», después de que el relator sobre los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, pidiera que Israel se haga responsable por el «comportamiento ilegal» de su ejército.
La comisión de la ONU «culpa a las víctimas del terrorismo de (el movimiento islamista) Hamás por actuar en defensa propia, en vez de condenar a Hamás como primera fuente de violencia e inestabilidad», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de su cuenta de Twitter.
El portavoz de Exteriores, Emmanuel Nahshón, tachó los dos organismos de la ONU como «cómplices del terror al negar el derecho de Israel a la defensa propia», y aseguró, «dictaduras corruptas y gobiernos hipócritas trabajan duro para proteger a Hamás y sus acciones terroristas».
Lynk defendió hoy durante su presentación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, su último informe sobre la situación en los territorios palestinos, y alegó que si Israel se niega a investigar la muerte por fuego israelí de manifestantes palestinos en las protestas de Gaza, lo debe hacer la comunidad internacional.
«Si Israel no efectúa sus propias investigaciones sobre esos asesinatos masivos según las normas internacionales, entonces la comunidad internacional es la que debe encargarse», declaró Lynk.
El experto respaldó así las conclusiones extraídas del informe de una comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el mes pasado acusó a Israel de posibles crímenes de guerra contra las Marchas del Retorno en Gaza, que congregan cada semana a miles de palestinos en la valla de separación entre el enclave e Israel desde que comenzaron en marzo de 2018.
Según el informe de esta comisión, creada en mayo de 2018, y que trató los incidentes ocurridos hasta el pasado diciembre, el Ejército israelí disparó en el transcurso de meses de protestas contra miles de manifestantes desarmados, causando 189 muertos y cerca de 10.000 heridos.
El relator también denunció que la situación humanitaria y económica de Gaza, bajo bloqueo israelí desde 2007, es desesperada, con un desempleo que llega al 54 %, un índice de pobreza que afecta a más de la mitad de todos sus habitantes y un 68 % de la población que sufre inseguridad alimentaria.
Además, alertó sobre «el aumento de la violencia que ejercen los colonos» en el territorio ocupado de Cisjordania, y el desalojo forzado de familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Este.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó a finales de febrero la validez del informe de Naciones Unidas al considerar que marcaba «nuevos récords de hipocresía y mentiras por el odio obsesivo a Israel».
Fuente: LaVanguardia
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